Datos y más datos, ¿pero dónde se guardan?

Vivimos en un océano de datos. De hecho, estamos atiborrados de datos.

Ya sean los que producimos (pasiva y activamente), los que compartimos (pasiva y activamente) o los que consumimos (pasiva y activamente también). Como muestra un botón, en 2013 se publica una noticia con una particularidad que ha llenado montones de Power Points desde entonces. La frase lapidaria era la siguiente: el 90% de los datos del mundo ha sido generado en los dos últimos años. Es decir, que el 90% de la información del planeta en 2013, se había generado entre 2011 y 2012…

Dudo que entre 2013 y hoy eso haya ido a menos. Por tanto sí, vivimos inundados por datos.

Y no va a ir a menos, ya que el mantra repetido sin cesar es que vivimos y nos encaminamos hacia la economía de los datos. Economía en la que nosotros somos pieza clave y que convierte a los datos en el nuevo petróleo. Ahora bien, ¿dónde se guarda mayor cantidad de ese petróleo? Si el valor económico de esa información es tal, por lógica quién más controle, mayor riqueza potencial tendrá. Eso es algo que ya exploramos hace casi 4 años mediante el Mapa de Términos y Condiciones, siendo el líder EE.UU.

Sin embargo, en aquel momento nos centramos en los grandes prestadores mundiales, sin hacer el vínculo a una región concreta. Ahora bien, con motivo del estudio del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (la nueva norma en materia de privacidad a partir de mayo de 2018 en todos los países de la UE), pensé que podía ser interesante revisar esa pregunta pero desde la perspectiva de usuarios españoles.

El Mapa de Términos y Condiciones, según dónde alojan los grandes servicios sus datos

El punto de partida jurídico

El razonamiento es el siguiente: según el artículo 13.2 a) del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), las políticas de privacidad de 2018 y en adelante deberán indicar el plazo durante el cual se conservan los datos personales de un usuario. Es algo que raramente se señala hoy en día, no hay exigencia. Pero cuando se hace (un ejemplo podría ser Microsoft) se suele indicar en la política de retención de datos de la empresa. Esa política explica cómo la empresa conserva mis datos, por cuánto tiempo, en qué circunstancias y en qué lugar. De hecho, la misteriosa política de retención de datos de WhatsApp hizo que Canadá le abriera una investigación en 2013.

La cuestión radica en que indicar el plazo durante el cuál se conserva la información personal de un usuario, puede indirectamente también requerir la ubicación de los datos. Es decir, el plazo de tiempo es una cuestión que puede variar en función de si la información está por ejemplo online u offline. Lo que puede hacer que esté en un lugar u otro. Por tanto, indicar el tiempo, puede hacer necesario también indicar el lugar.

Además, si bien el artículo 13.2 RGPD únicamente requiere el plazo durante el que se conservan los datos, dice también que esa información debe indicarse para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente. Y ese “principio de transparencia” del RGPD se menciona en múltiples ocasiones en los considerandos de la norma. De hecho, el Considerando 60 dice que “El responsable del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta información complementaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente, habida cuenta de las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los datos personales.”

Así las cosas, no es una locura pensar que para indicar el plazo de conservación de los datos de la forma más transparente posible, sea también necesario indicar información complementaria como el lugar en el que se ubican los mismos.

A partir de este planteamiento, que en las políticas de privacidad futuras deba indicarse el plazo durante el que se conserva la información pero quizá también el lugar, me pareció interesante averiguar cuántas quizá ya indicaban la ubicación y cuáles serían esos lugares. En esta ocasión, centrando el análisis en las webs más visitadas desde España. Además, si estamos en la economía de dato, también el sector legal deberá empezar a producirlos (aunque por ahora no sea lo habitual).

Por tanto, generemos algunos datos legales.

Vamos con los números

Explicado el origen del pequeño estudio, ¿dónde guardan las webs más visitadas en España sus datos de acuerdo a sus actuales políticas de privacidad? Para hacer la selección usé Alexa, filtrando por país y seleccionando los 100 primeros sitios por tráfico (descarté algunas webs por estar más cerca del malware que de un prestador legítimo).

En relación al lugar en el que almacenan los datos:

La primera conclusión es que la mayoría no dice nada sobre el tema, de ahí que el Indeterminado gane con un 58%. La segunda conclusión es que EE.UU. sigue dominando entre los que dicen algo. Destacar que raramente se menciona a EE.UU. como único destino de la información, incorporando siempre la coletilla “y otros países”. El problema es que muy raramente se indican esos otros países. La tercera conclusión es que entre los indeterminados la mayoría son servicios nacionales, y ahí los que más abundan son los medios de comunicación. Finalmente, Canadá, China y el misterioso “Fuera del Espacio Económico Europeo (EEE)” completan la lista de otros destinos.

Por otro lado, aprovechando el análisis, me pareció interesante averiguar cuántos de los servicios analizados se habían incorporado ya a Privacy Shield. Es decir, el nuevo mecanismo legal para que los prestadores de servicios norteamericanos transfieran los datos que recojan de ciudadanos europeos hacia Estados Unidos. Antes eso se hacía mediante algo llamado Safe Harbor, pero el Tribunal de Justicia de la UE lo invalidó el año pasado. Entonces deprisa y corriendo tuvo que adoptarse este nuevo mecanismo, que entró en vigor en agosto de este año.

Servicios analizados ya adheridos a Privacy Shield

De los 100 servicios analizados, únicamente 46 se verían afectados por Privacy Shield. De ellos, el 61% todavía no se había adherido, el 39% restante sí. Entre los que sí ya hay algunos de los grandes, como Facebook, Google, Amazon, Microsoft o Snapchat.

Finalmente, a continuación pueden consultarse los diferentes servicios analizados, y los datos relativos a cada uno de ellos.

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En conclusión

Para el usuario en general es un misterio dónde se almacenan sus datos. Cuando el destino es EE.UU., lo cual representa el 36% de los servicios analizados, sí se indica la ubicación ya que se trata de una transferencia internacional de datos desde Europa a Estados Unidos y existe la obligación legal de indicarlo desde hace años. Pero en el resto de casos, está claro que ese dato raramente se menciona. Ciertamente la exigencia no ha existido hasta el momento. Pero si todo debe girar en torno a los datos, no estaría de más ser transparente sobre su ubicación. Más cuando ello puede ser importante respecto a la vulnerabilidad o la seguridad de la información. En cualquier caso, a la luz de lo que está por venir con el nuevo RGPD, indicar dónde se ubican los datos podría convertirse en un requerimiento legal para cualquier servicio. Y en ese caso, más del 60% de los servicios analizados tendrán que modificar sus políticas de privacidad.

Definitivamente el nuevo Reglamento General de Protección de Datos va a traer novedades interesantes en materia de términos y condiciones.

¡Feliz data set!
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Última actualización:  23 de agosto de 2020 

¿Legaltech en España? Comencemos por el principio

Dice Richard Susskind, uno de los grandes referentes mundiales de la innovación legal, en “The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts”, que normalmente cuando la gente se enfrenta ante un problema, prefiere evitarlo y/o contenerlo antes que solucionarlo.

El sector legal históricamente no ha sido especialmente innovador. Ciertamente no ha tenido gran necesidad ya que su área de conocimiento era accesible a muy pocos, reduciendo eso la competencia y simplificando su control. Por otro lado, siempre ha sido muy cauteloso, estando más atento a lo que hacía el de al lado que a experimentar. Si además sumamos que el precedente tiene un peso muy significativo en la profesión, está claro que mirar al futuro no es lo habitual.

Sin embargo, ese inmovilismo se ha acabado convirtiendo en un problema. El mundo alrededor del sector legal no ha dejado de girar. Internet abrió el melón del conocimiento legal mucho más allá de los operadores jurídicos clásicos. Además, el hecho de que casi la mitad de la población mundial disponga de un ordenador de bolsillo llamado smartphone, ha alterado por completo las necesidades y exigencias del consumidor.

La respuesta del sector frente a ese problema ha sido en general bastante tibia. Sin embargo, en los últimos 5 años sí se nota cierto cambio de actitud al ver que este problema definitivamente no puede evitarse o contenerse.

Por otro lado, están los que han visto ese problema como una oportunidad. Buscando por ello una solución adaptada a los tiempos y los requerimientos, dejando así de evitar el problema. Es ahí donde podríamos decir que nace la Legaltech o Legal Technology. Es decir, la tecnología legal.

Ahora bien, ¿qué es legaltech? Si bien no hay definición oficial y el concepto ha mutado en los últimos 5 años, hoy en día se habla de legaltech para referirse al uso de la tecnología para proporcionar servicios legales. Pero no en plan “Uso el mail y envío un WhatsApp”. No, legaltech hoy es igual a la utilización de tecnología en servicios legales para crear:

• Software o servicios online que reducen o eliminan la necesidad de consultar con un abogado

• Software o servicios online que aceleran las tareas de un abogado/despacho, reduciendo la mano de obra y/o número de horas necesarias

• Software o servicios online que simplifican y modifican la forma de contactar entre abogados y clientes

O lo que es lo mismo, hoy en día legaltech es para muchos sinónimo de “Ojo, que viene el lobo”, ya que se ve como un fenómeno que introducirá servicios legales que acabarán sustituyendo o reduciendo la necesidad de abogados. Ya sea para redactar un contrato, analizar documentación o presentar una reclamación. La idea es que esas y otras tareas se desgajan del abogado clásico y mediante tecnología se automatizan, de forma que la necesidad de intervención humana se reduce mucho. Y si la necesidad de intervención humana se reduce, la de un abogado todavía más.

Por si ayuda, he aquí una pequeña presentación que di sobre la materia este mismo año, en la que se profundiza en las ideas de automatización y demás:

¿Hablamos por tanto de ciencia ficción? Para nada. Hay ejemplos en cantidad, y eso que el sector legaltech a nivel mundial justo se está iniciando.

Tenemos bots que resuelven más de 160.000 reclamaciones por multas de tráfico con un porcentaje de éxito superior al 60%. Existen potentes sistemas de inteligencia artificial capaces de analizar decenas de miles de documentos en horas (proporcionando buenas respuestas). O sistemas de análisis capaces de ofrecer estrategias jurídicas basadas en el estudio de jurisprudencia.

Ante este tipo de noticias, surge la típica pregunta: ¿van a desaparecer los abogados? Por supuesto que no (para empezar, alguien debe entrenar a las máquinas). Ahora bien, ¿va a reducirse su número e incluso su importancia? En mi opinión, sin duda.

Pues bien, hecha la introducción y puestos todos en situación, vamos al tema, ¿cuánta LegalTech hay en España? Particularmente es algo que me interesaba desde hace un tiempo. Es fácil leer reports, papers o informes sobre la situación de la legaltech en otros países, por ejemplo en Alemania, pero no conseguía encontrar casi nada sobre la situación en España. Por tanto, de ahí nace este post.

Aunque he recurrido a docenas de fuentes, seguro que se me han escapado empresas y servicios. Por tanto, a medida que vayan surgiendo nuevos servicios + todos los que no haya podido detectar, iré actualizando los elementos en tiempo real del post, como son el mapa y el gráfico.

Situación de la legaltech en España

Comencemos primero con los movimientos e iniciativas que intentan impulsar la legaltech.

Definitivamente en el último año y medio han sido varias, tanto para crear servicios legales diferentes, para ayudar en tareas específicas o generar debate sobre ello.

Tuvimos el año pasado el primer Legal Hackathon en España, concretamente en Bilbao. Cuyo fruto fue un producto muy propio del legaltech, M3trify. La “secuela” del Legal Hackathon llegaría unos meses después en Barcelona, y de nuevo dio sus frutos, en ese caso con Lawyer Survivor. En una línea similar, también pudimos disfrutar de JustiApps. En el fondo estos eventos buscan unir a abogados + programadores con la intención de demostrar que conseguir un producto o servicio legal viable después de 12-24 horas de trabajo, es posible. Muy divertidos y un buen inicio a la legaltech para quien quiera introducirse en e mundillo.

Similar a los hackathon, pero quizá más enfocados al debate, tenemos los eventos de Legal Hackers en Madrid, Barcelona o Sevilla.

Además, este año nació el Instituto de Innovación Legal, que sin duda también promete cosas interesantes.

Incluso iniciativas tipo nuestro Legal LAB, en la que hemos desarrollado software como el Boletín de Términos y Condiciones, podrían encajar en la idea de legaltech y su difusión.

Por otro lado, y ya en el terreno de incubadores y aceleradoras de legaltech en España, podemos hablar de Legálitas LAB y Cuatrecasas Acelera. Legálitas LAB es una mezcla entre incubadora y aceleradora de proyectos de innovación legal, que si bien nació ya hace más de un año y todavía no ha dado muchas señales de vida, definitivamente tiene gran potencial. Por otro lado, hace muy poco que Cuatrecasas se introdujo en el mundo de la legaltech con su iniciativa “Acelera”, que junto con Telefónica, pretende impulsar el desarrollo de tecnología legal “Made in Spain”.

Por tanto, si bien poco a poco, sin duda se va creando tejido empresarial y social sobre la materia.

Empresas y servicios legaltech

Sigamos con las empresas que en España se puede decir que están realizando legaltech, e iremos viendo los diferentes nichos.

Comencemos con el mapa de LegalTech en España

Por ahora, 120 proyectos y más de un centenar de empresas relacionadas con la legaltech a lo largo y ancho del territorio español. Con especial concentración en la zona mediterránea, más del 50% de los proyectos surgen allí con Barcelona a la cabeza. Ahora bien, Madrid está muy cerca.

Más abajo pueden consultarse los porcentajes por provincia actualizados.

Por tanto, a partir de aquí creo que tenemos la primera vista de pájaro de la Legaltech en España.

¿Pero en qué tipo de servicios se especializa la Legaltech española?

Por lo visto hasta el momento, podríamos decir que hay 5 grandes grupos. Luego ya se trata de proyectos más repartidos y sin áreas comunes tan claras.

1.- Comenzando por lo más básico, tenemos las herramientas de gestión para que un abogado o despacho lleve el control de clientes, casos o facturación. Nada muy novedoso, pero sí muy útil y tampoco tan extendido como pudiera pensarse. Aquí destacan servicios más modernos y basados en la nube como Quolaw (de origen argentino), Kleos, Infolex o IusUp pasando por otros mucho más clásicos pero también operativos como GEDEX, ABOGest, MelkorLex o MN Program. Sin olvidar al incombustible sudespacho.net, Procesia, Lex-On del grupo Lefebvre y Procesia con LexProcess, o los servicios de Nubbius, LexTools, BaseNet o Suasor o Registra Soft.

Tampoco podemos dejar de mencionar nuestro propio Jade, solución de código abierto, y la propuesta de Legal Rock.

2.- En cuanto al segundo gran nicho de mercado, se tratan de las herramientas para auto-generar contratos o adquirirlos directamente sin pasar por el abogado. Es decir, herramientas que mediante sistemas de preguntas y respuestas permiten obtener la información necesaria y proporcionarle al cliente contratos ajustados a sus necesidades. Normalmente una variante incluida es la venta de modelos de todo tipo de contrato.

Definitivamente aquí hay muchas opciones: clásicos como FormalDocs o Bigle Legal, la versión española de Wonder Legal, múltiples variantes como las de Crea mi Contrato, Bounsel, Legaliboo, Mil Contratos, otros en contratos de alquiler como Okidoc, Ammana para protocolos laborales de empresa o un conversor de texto office normal a interactivo HTML vía Docxpresso. Todo ello sin olvidar al “padre” de casi todos ellos, Rocket Lawyer, ahora ya también en España.

También importante en este sentido herramientas como Contract Express de Thomsom Reuters.

Por tanto, parece evidente que hay negocio en la auto-generación de textos legales.

3.- El tercer gran nicho consiste en los marketplaces jurídicos. Es decir, los nuevos mercados en los que un abogado puede promocionar y vender su saber legal, mientras que el cliente puede solicitar y buscar ofertas varias y de todo tipo. Por tanto estamos hablando de un Booking, Tripadvisor o Habitissimo de lo legal. Los abogados pueden darse de alta, los usuarios buscar por localización, materia, reputación, precio y demás.

Aquí de nuevo hay muchas opciones. Comenzando por Elabogado.com, nuevos participantes como LexGo App, Sintoga para estudiantes de Derecho, Unión Jurídica o Lawyers for projects, otros más clásicos como Abogae o Abogados365, otra novedad como Unaes o Contratar Abogados. Por otro lado, también tenemos Unabogado.es, Easyoffer, TuAppAbogado, Quiero Abogado o una de las primeras versiones autonómicas, Abogados en Baleares. Todo ello sin olvidar los clásicos directorios legales como puedan ser LexDir o particularidades como Lexdigo que parte de la estructura del marketplace apostando también por la gestión del asunto y la evidencia digital, Emérita Legal, un comparador de abogados cualificado o Vaxes, que pone en común a proyectos de empresa con abogados interesados en la materia.

Y todo ello sin menospreciar a Google. :p

De nuevo está claro que aquí hay mercado, y lo que quizá comience a hacer falta sea un metabuscador de abogados para el usuario y un sistema para gestionar más de uno de esos portales para el abogado.

4.- Otro grupo es el de las consultas jurídicas online. Si bien en este caso no siempre es fácil diferenciar, ya que muchos despachos normales ofrecen desde su versión online la posibilidad de hacer consultas en línea. Sí es cierto que estos servicios parecen centrarse muy especialmente en la asesoría online, mediante videoconferencia o alternativas similares.

También es cierto que nacieron muchos en sus inicios y casi todos han desaparecido, manteniéndose en la actualidad servicios como Legadoo, Posttigo o Esto es Legal. Incluso versiones vía WhatsApp hay ahora.

5.- Finalmente, puede ya detectarse un numeroso grupo relativo a las evidencias digitales, desde el envío de correos electrónicos certificados hasta el registro de obra. Por ejemplo, para el envío certificado de emails, pueden citarse servicios como Eevidence, Evicertia y Mail Certificado. En cuanto a mensajes o SMS, la conocida Lleida.net. Pero también pueden encontrarse funciones similares, y variantes, en servicios como Ivnosys, Zertifika, Signaturit, ConfirmSign, Validated ID, Addalia, Terminis desde Valencia, la popular eGarante, la catalana Certifydoc, la madrileña Procesia con LexSign o NebulaSuite de VintegrisTECH y la murciana Biometric Vox. Todo ello sin olvidar a servicios como Safe Creative o Coloriuris para el registro de contenido online, a modo de registros privados de propiedad intelectual, o servicios que garantizan comunicaciones online como Notificados o Logalty,  Visualeo y Punto Neutro para informes sobre el estado de productos o propiedades a distancia.

A partir de aquí los grupos de empresas legaltech españolas ya son algo más difíciles de clasificar.

Más numerosos hace unos años, estarían los servicios de crowdfunding legal o financiación de litigios como Lawers. Por crowdfunding o micromecenazgo legal estamos hablando de servicios en los que un usuario puede buscar la financiación de una causa solicitando pequeñas aportaciones económicas a particulares interesados. Puede ser para causas particulares u otras de carácter mucho mayor (contra la banca, por ejemplo). Y donde incluso los abogados puede participar ofreciendo sus servicios.

Por otro lado, cada vez hay más servicios para la interposición de reclamaciones por retrasos en vuelos, problemas en viajes, cuestiones bancarias y otras materias similares. En este ámbito destacan Reclamador, Indemnízame, AirLex vía móvil, Legalbono desde Málaga, Quarande en materia laboral, Reclama por Mí en múltiples materias, Winu desde Valencia, No Win No Fee y Reclamación de Vuelos en reclamaciones aéreas, Legaline, Easyfeedback y Reclamadatos para reclamaciones en materia de datos personales.

En materia de testamentos online y notarios virtuales también hay proyectos interesantes, como la conocida Testamenta, SaaS Legal y su proyecto Mi Notaria Online, la catalana Tellmebye o Mi Legal Digital. Indicar que SaaS Legal también tiene otro proyecto que podría considerarse legaltech, relativo a la gestión y alojamiento de webs corporativas de sociedades de capital, Argon.

También relacionado con la comunicación remota a nivel corporativo y su verificación, destaca como particularidad Council Box, Private Investments Network.

En la categoría de autoservicios legales podríamos quizá incluir a TM Click, para marcas, dominios y denominaciones sociales y a PymeLegal o Pridatect para protección de datos personales. Los productos de Grupo CFI también encajarían aquí, con su “LOPD y LSSI Manager” Más recientemente, tenemos a IurisFy con su servicio de divorcio online (también disponen de un servicio para breves consultas en línea), Recupera Deudas para procesos monitorios y ejecuciones. También podría encajar aquí un servicio para la resolución alternativa de conflictos como Mediandocon. O incluso el hecho de casarse, gracias a Bodayaa. Para una mayor variedad de procesos, Online Gestoría podría ser un caso. A nivel de Compliance también destaca Help 2 Comply, mientras que RegistraSoft ayuda a los licenciatarios a registrar software y tecnología.

Por otro lado, podríamos destacar a Red Points y Rights Guardian como interesantes soluciones de software para detectar infracciones en materia de propiedad intelectual e industrial. Discentius con una plataforma de formación jurídica online o LexHow con una solución francamente única respecto a la preparación del examen de acceso a la abogacía.

Finalmente, cada ya con más herramientas de analítica jurídica basadas en el estudio de grandes volúmenes de jurisprudencia española. O los que es lo mismo, IA aplicada al sector legal. Son productos de empresas que ya ofrecen otros servicios legaltech, como Vlex con su Vlex Analytics, Legal Data de Legal Innovation, Jurimetría de Wolters Kluwer o Tirant Analytics.

Otros productos y servicios: una tienda de complementos, informática, decoración o moda solo para abogados en Abogados Shop, un servicio de reconocimiento vocal para abogados nacido en Bélgica pero que opera en España es DigaLaw, un servicio para la gestión de contenido en redes sociales especializado en abogados como Social Content, tecnología para la defensa de los abogados en riesgo mediante 14Lawyers, o dos servicios relacionados con el análisis financiero y fintech denominados The Logic Value y Finboot Tech. Además podemos hablar de Onna, uno de los recomendados en IA Legal por Gartner (cuya sede europea se encuentra en Barcelona) y trata una materia cerca al e-discovery. Por otro lado, Vinculatio ayuda a poner en contacto y buscar a profesionales que actúen en el ámbito de la administración de Justicia, mientras que UmanID es un proveedor de identidad digital verificada.

Otro que también merece mención, por su excelente gestión de una información jurídica tan importante como son los eventos legales, es Eventos Jurídicos y su chatbot.

A modo de cierre, nada mejor que Lexplorer, un comparador de productos jurídicos (también Todo Juristas realiza una tarea en parte similar). Seguramente lo más adecuado tras todo lo contado. :p

Buscador de empresas legaltech

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Proyectos de LegalTech en España por provincias

En conclusión

Algunos apuntes a modo de cierre sobre esta exploración de la legaltech española:

– Parece faltar Tech en muchos de los proyectos mencionados. Hay muy poco basado en el análisis de datos, interpretación de textos, creación de estrategias jurídicas o demás. Es decir, muchos de los usos más interesantes de la legaltech. En todo caso, en el último año  proyectos como Vlex Analytics, Legal Data, Jurimetría y Tirant Analytics son proyectos que apuestan por usos avanzados de la IA en materia legal. Obviamente la mayoría de los proyectos tiene un componente tecnológico destacado, pero quizá no muy puntero. El Derecho es texto. Multitud de texto. Su análisis y explotación pueden suponer grandes ventajas competitivas a quien sepa usarlo. Sin embargo, la tecnología usada parece más enfocarse en la reutilización de conocimiento jurídico de una forma más eficiente (por ej. auto-generación de contratos) o la organización de mercados legales. Nada malo en ello, pero se desaprovecha el potencial de la legaltech (aunque por suerte ya comenzamos a ver esos usos avanzados).

Es llamativa la presencia de tantos proyectos legaltech en Barcelona y en un espacio tan concentrado. ¿Se está cultivando eso en especial o es casualidad? De la misma, forma, llama la atención que la zona mediterránea represente más del 50% de los proyectos. ¿El sol al final nos hace más tecnológicos? :p

– Los dos grandes nichos de la legaltech española están claros: la autogeneración de documentos legales (y la venta de contratos ya hechos) y los mercados jurídicos en los que el usuario pueda encontrar abogado rápido, fácil y barato. No están mal, pero son algo sencillotes, ¿no? Además, en tan poco tiempo ya presentan un gran número de competidores. En cualquier caso, respecto a los marketplaces jurídicos la pregunta es obvia, ¿funcionan esos mercados? ¿Qué perfil de abogado se mueve allí? ¿Son conscientes los usuarios de su existencia? Buen tema para explorar.

– Que no haya prácticamente legaltech que analice texto jurídico en castellano, y por ende normativa europea, puede suponer cierto retraso respecto a iniciativas anglosajonas que sí exploran esas áreas, pero obviamente en inglés y con máquinas que piensan en su normativa. Es decir, el idioma y la normativa estudiada van a ser un factor a tener en cuenta para poder empezar a usar algunas de las herramientas más prometedoras de la legaltech. Si no hay herramientas pensadas para castellano y normativa europea, vamos a depender del inglés. De modo que el acceso y la utilización a fondo de esas herramientas se va a retrasar por estas tierras.

En cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar y ya hay iniciativas interesantes que quieren impulsar la legaltech en España. Eso es positivo y con ello debemos quedarnos. Aunque es obvio que hay mucho margen de mejora. En cualquier caso, habrá que estar atento al ecosistema legaltech español y ver qué nos depara.

Al menos parece que definitivamente hay gente interesada en poner solución al problema y dejar de evitarlo.

Continuará…
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